La justicia latinoamericana pone bajo la lupa a Fernández

Por declaraciones a favor de Cristina y en contra de la justicia

La Federación Latinoamericana de Fiscales se sumó a los cuestionamientos por la decisión del presidente Alberto Fernández de apoyar, en su calidad de titular del Ejecutivo, a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el pedido de condena a 12 años de prisión, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”: la entidad afirmó que este tipo de declaraciones ponen en crisis la democracia y la separación de poderes y advirtió que la “independencia judicial” debe estar garantizada en una república.

“Las resoluciones judiciales se pueden combatir dentro de los procesos judiciales. Eso puede plantearlo perfectamente la defensa de la doctora Fernández de Kirchner. Pero esta clase de pronunciamientos que hizo el presidente tienen un fin político: lo hace porque es su compañera de fórmula. No saldría un comunicado así por un ciudadano común”, dijo a Infobae Ronald Segura, presidente de la agrupación integrada por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. “Esta situación puede incidir en los jueces que deben firmar un veredicto y es totalmente inadecuado”.

Tras afirmar que “al emitir ese comunicado, el presidente está violentando la carta democrática americana y la división de poderes”, el titular de la agrupación latinoamericana afirmó que ahora se está hablando de movilizaciones y que les preocupa la seguridad personal de los fiscales. “Ya contamos cuatro fiscales asesinados en la región ( Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución judicial a fiscales en Guatemala. Es como tener un retroceso en América Latina, más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina que ha sido un referente en fortalecer la democracia”.

El comunicado que lleva el titulo de “Caso de los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de la República de Argentina” señala que se “viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación que en varios países de la región en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales”.

Según se señaló, “consecuentemente, se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”.