Derechos humanos tuertos

¿Mapuches o delincuentes?

Organizaciones de derechos humanos repudiaron este lunes la "represión contra el pueblo mapuche", condenaron la muerte de Elías Garay y reclamaron que se identifique a los responsables del fallecimiento del joven mapuche, ocurrido ayer en un confuso episodio en las inmediaciones de una comunidad originaria cercana a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

En tanto, desde el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), su vicepresidente, Luis Pilquiman, atribuyó "a la policía de Río Negro" que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero -donde la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral- la responsabilidad por el hecho en el que resultó muerto Garay y otro joven mapuche fue herido.

Por otra parte, la secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, reiteró hoy que la policía de la provincia "no tuvo intervención" en Cuesta del Ternero.

Garay -de 29 años- recibió dos disparos con armas de fuego, mientras Gonzalo Cabrera, de 26, recibió tres disparos en el abdomen y fue operado en el hospital del Bolsón, donde permanece internado en grave estado, aseguró hoy la vocera de la lof Quemquentreu Soraya Maicoño a Tv Pública.

El ataque ocurrió en un paraje cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, donde está asentada la comunidad Quemquemtrew.

"Entendemos que es la policía de Río Negro y la provincia la que deben brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó", detalló el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán.

El hecho que causó la muerte de Garay mereció el fuerte repudio de distintos organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales que reclamaron el esclarecimiento del fallecimiento del joven mapuche, ocurrido a cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel, a orillas del lago Mascardi, en 2017, y mientras organizaciones indígenas reclaman que se prorrogue la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial.