Los penales retomarán las visitas

Tras las protestas y toma de rehenes

Según informó en un comunicado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la habilitación de las visitas a las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, suspendidas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) impuesto para mitigar la pandemia de coronavirus, se dará en el marco de un “estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública”.
La protesta de los presos en las cárceles bonaerenses de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín, que incluyó el ascenso de los internos a los techos los penales e incidentes, se inició en demanda del restablecimiento de las visitas familiares presenciales.

Los encuentros habían sido suspendidos luego de un acuerdo voluntario entre autoridades e internos el pasado 12 de marzo.

En este sentido, fuentes del sector indicaron que desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares".
Desde la provincia confirmaron que en las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela y Campana la situación era más tranquila y que el epicentro del reclamo quedó circunscripto a las Unidades 46 y 48 de San Martín.
En San Martín hubo un enfermero, tres mujeres y cinco hombres celadores de rehenes que ya fueron liberados, dijeron las fuentes.

Finalmente, se conformaron mesas de diálogo en esos penales bonaerenses, de las cuales participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Judicial, organizaciones de derechos humanos y representantes de los presos.

Posteriormente, se firmó un acta de acuerdo en el cual se dispuso que, a partir del sábado 14 de noviembre próximo, serán habilitadas las visitas en las unidades penitenciarias bonaerenses, de acuerdo a lo comunicado por el SPB.

Asimismo, se informó que los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud provinciales, a cargo de Julio Alak y Daniel Gollan, respectivamente, junto al SPB “comenzaron a elaborar un protocolo de bioseguridad adaptado al contexto de encierro para enfrentar los requerimientos preventivos de la pandemia a partir de la reanudación de visitas”.

Por su parte, como consecuencias del reclamo, que derivó en algunos incidentes, tanto en los penales de Florencio Varela como en San Martín concurrió un juez de garantías y un defensor público, añadieron las fuentes.

En tanto, los voceros aclararon que, desde los hechos violentos ocurridos en abril último en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde un interno falleció por disparos de postas de plomo, este armamento fue prohibido para ser utilizado por los penitenciarios.

Asimismo, fuentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia precisaron a Télam que "una delegación de este organismo se dirigió a los penales para tratar de dialogar con los detenidos".