Allanamiento en la cárcel de Ezeiza

Por supuesto espionaje ilegal

La orden está vinculada con la sospecha de que durante el gobierno de Cambiemos se habría implementado en el SPF un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos y luego poner esa información a disposición de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El magistrado dispuso que las medidas, que alcanzaron también al departamento de Asuntos Internos y la Dirección de Análisis del SPF, entre otros lugares, sean llevadas adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

El juez ordenó que se secuestre “toda documentación” y “cualquier tipo de anotación”, en el formato que fuere, relacionada con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios Roberto Baratta y Carlos Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez (que aún sigue detenido) y Cristobal López, entre otros.

La orden fue dispuesta a instancias de los fiscales que tienen delegada la investigación, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes señalaron que en el expediente existe evidencia “para sostener la sospecha cierta de que funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC, que principalmente incluyó a exfuncionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción”.