Se aprobó el dictamen a favor de la legalización del aborto

Aborto legal

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recibió este miércoles por la tarde dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa será debatida este jueves en el recinto, en una maratónica sesión que se extendería hasta el viernes, mientras en las inmediaciones del Congreso se congregarán manifestantes a favor y en contra de la aprobación de la norma. El Plan de los 1000 Días también consiguió el visto bueno de los legisladores de la Cámara baja.

Un plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin al frente- y Mujeres -por Mónica Macha- comenzó a debatir el proyecto pasadas las 17. Para mantener el distanciamiento social, la reunión se llevó a cabo por primera vez en el recinto de sesiones.
El dictamen obtuvo 77 firmas a favor, mientras el despacho que rechaza la interrupción voluntaria del embarazo consiguió 30. Además, cuatro legisladores se abstuvieron.

El proyecto establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Tal como se esperaba, se realizaron modificaciones de último momento en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

El principal cambio que se realizó es la incorporación de la objeción de conciencia institucional para profesionales de centros médicos privados. A su vez, el proyecto establece la obligatoriedad de garantizar la derivación de la paciente a una dependencia sanitaria pública.
El escrito aclara que, en caso de que el centro de salud no cuente con profesionales que realicen la práctica, deberá “prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante consultó”. Además, determina que “las gestiones y costos asociados al traslado de la paciente” quedan a cargo del profesional que lo solicitó.

También especifica que el personal de salud “no podrá negarse a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro” y establece que el profesional médico no podrá objetar conciencia para negarse a prestar atención posaborto.

La otra modificación que se introdujo es la obligatoriedad de que las adolescentes de entre 13 y 16 años que soliciten la interrupción del embarazo “tengan un acompañante o referente afectivo”.

En cuanto a este punto, el texto indica: “Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento”. En tanto, en el caso de las menores de 16 años, “se requerirá su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial”.

El debate
Al abrir la reunión, Moreau destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de “ordenado, prolijo y respetuoso” y dijo que en ese clima “están dadas las condiciones” para emitir el despacho.

La primera en tomar la palabra fue Carmen Polledo, diputada nacional del PRO y vicepresidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quien sostuvo que no es el “momento oportuno” para debatir la iniciativa. “Nos parece un escándalo estar tratando esto con los gravísimos problemas que estamos enfrentando”, manifestó.
Por su parte, Pablo Yedlin, el presidente de esa Comisión, pidió no desviar el debate: “El aborto lamentablemente ocurre en la Argentina, no verlo es falso”. “Queremos que las mujeres vulnerables dejen de ser perseguidas por la Justicia y que no se ponga en riesgo su salud”, afirmó.

A su turno, el diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi se pronunció en contra de que el tratamiento del proyecto se lleve a cabo en este momento, dijo que “no cree” que se haya impulsado por “una cuestión de salud pública” y sostuvo que el impacto sanitario de los abortos clandestinos no es tan grande como el de otras enfermedades.
La legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Romina Del Plá confirmó el acompañamiento al dictamen de mayoría e hizo hincapié en la “necesidad” de separar las creencias religiosas de las decisiones del Estado.

A su vez, el radical José Riccardo dijo que celebra que se esté “llegando a este debate” que, agregó, “no hubiera sido posible sin el del 2018, realizado en otro gobierno”, al tiempo que pidió que se analice de forma urgente una ley integral de educación sexual.