Rocma, una empresa constructora familiar asentada en la ciudad que orienta su actividad casi de manera exclusiva a la concreción de obra pública mediante contratos de licitación, resultó “víctima de maniobras ilícitas que encuadran en los delitos de coacción, administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y demora injustificada del pago.

La empresa dice que se advierte el posible desvío de recursos específicamente afectados, lo que redundó en perjuicio patrimonial público, en tanto durante dicho periodo se debió paralizar la concreción de las obras, privando a los vecinos beneficiados del uso y goce de la cosa en tiempo debido, así como también dando lugar a la generación de intereses moratorios. A partir del 11 de abril de este año Arroyo y Mourelle volvieron a “demorar” un pago por $ 839.637,06.

Después de la derrota electoral, sumado al masivo papelón a nivel provincial y nacional, la carga sobre el intendente parece inevitable.