El PaÃÂs | Autor: redacción | 18-09-2018
Cristina podrÃa ir a prisión
Complicada situación procesal
"Entre 2003 y 2015 funcionó una maquinaria que le sacó dinero al Estado y dejó al pueblo más humilde sin cloacas, agua ni servicios". El juez federal Claudio Bonadio aseguró que la causa de los cuadernos aun no termino y es necesario clarificar "todas las cajas de recaudación" que funcionaron en la Argentina durante el kirchnerismo.
El juez dijo que el caso que comenzó con los escritos del chofer Oscar Centeno y terminó con las confesiones de empresarios y ex funcionarios, por su "excepcionalidad, dimensión y complejidad" rompe "ese molde" que caracteriza a otras investigaciones de corrupción.
En la introducción de la resolución Bonadio señaló que " …se tratará de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República Argentina entre los años 2003 a 2015, donde una colusión de funcionarios y empresarios [la Real Academia Española define la palabra "colusión" como: "un pacto ilícito en daño de tercero"], hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados. Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas". Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban "inflados" en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos. El producido de esos sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; también se determinó que partes de esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República".
Luego de explicar el funcionamiento de lo que describió como una organización criminal con componentes públicos y privados, Bonadio remarcó que la instrucción de la causa no finalizó-como en casi todos los otros casos de corrupción- sino que seguirá durante más tiempo.
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